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Actualmente cursa en el Congreso el Proyecto de Ley 123 de 2017, el cual busca flexibilizar el mercado laboral rural. En particular, dicho proyecto busca establecer un piso de protección social de ingreso mínimo para la población rural.
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Comentario Económico del día

Actualmente cursa en el Congreso el Proyecto de Ley 123 de 2017, el cual busca flexibilizar el mercado laboral rural. Esto se haría a través de una buena combinación de marco regulatorio pro-formalización laboral y de incentivos al ahorro, usando los novedosos principios de “incentivos amigables” (tipo nudge), ver http://anif.co/sites/default/files/torre_de_marfil_180.pdf.

 

En particular, dicho proyecto busca establecer “un piso de protección social de ingreso mínimo” para la población rural. Este se establecería al definir “el Jornal Diario Integral Rural”, de tal manera que este sería el nuevo referente de cotizaciones a la seguridad social para actividades agropecuarias y no el de la rígida norma del Salario Mínimo Legal (SML), el cual supone tiempos laborales continuos.

 

A este respecto, ya se había hecho algún avance (aunque insuficiente) en la flexibilización de las contrataciones laborales de los trabajadores del servicio doméstico, mediante el Decreto 2616 de 2013 que habilitó el esquema de contribución por semanas (aunque a un elevado costo patronal de “pague 7, aunque solo contrate 1 día laboral”), ver Comentario Económico del Día 29 de mayo de 2014.

 

Este piso de protección social mínimo rural cobijaría a todo trabajador agropecuario cuyo ingreso promedio mensual no supere el 60% del valor de 1 smlmv. La idea es generar cobertura a la población rural con ingresos brutos hasta de $1.3 millones/mes. Para ello, la persona tendrá que: i) afiliarse al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPs); ii) ingresar al Régimen de Salud Subsidiada; y iii) adquirir un micro-seguro dentro de la cobertura de ahorros a BEPs (financiado por el gobierno), a modo de protección ante posibles riesgos laborales.

 

De esta manera, el costo de los trabajos rurales que son temporales se tasará mediante la modalidad de Jornal Diario Integral Rural. Dicho Jornal dará derecho a las prestaciones sociales y beneficios de Ley, pero escalados al número de días que se laboran (vacaciones, primas, cesantías e intereses, etc.). Para el caso del acceso a las Cofamiliares, se deberá elaborar un esquema de servicios ajustado a las condiciones de vida de esta población rural. Ese Jornal Diario Mínimo Integral no podrá ser inferior a 1 smdlv incrementado en el factor prestacional del 35%.

 

Ahora bien, existen todavía algunos detalles de este esquema que deberán precisarse. Por ejemplo, la exigencia de la afiliación a BEPs debe estar motivada principalmente por la posibilidad de cotizar a la seguridad social por debajo de 1SML y no tanto por la idea de que se estará habilitando el ansiado mecanismo de ahorro (que hasta la fecha ha sido un rotundo fracaso), ver Comentario Economico del Día 2 de noviembre del 2016. Si dicha promoción del ahorro ha fracasado a nivel urbano, ¿Qué esperanzas válidas se pueden abrigar sobre su éxito en las zonas rurales o (como ahora se anuncia) entre la población carcelaria? La verdad es que la nueva Administración 2018-2022 deberá hacer un juicioso balance de los elevados costos vs. los bajos beneficio de dichos BEPs, pues claramente existen mejores formas de administrar los escasos recursos públicos de Colpensiones (ver Comentario Económico del Día 26 de septiembre de 2017).

 

Cabe señalar que, de aprobarse este Proyecto de Ley, se estará poniendo más presión presupuestal sobre el Sistema General de Participaciones (SGP), vía mayores cotizantes a nivel territorial. La carga más relevante será sobre el régimen subsidiado de la salud a cargo de los territorios. Pero a nivel de gobierno central también se incrementaría (eventualmente) el costo de los subsidios BEPs, pudiendo llegar a superar el equivalente a 2% del PIB en VPN (suponiendo ahorros mensuales de $40.000/individuo, se tiene un costo cercano a los 0.13% del PIB anual). Claramente, es preferible apuntarle a la mayor formalización laboral rural mediante la flexibilización de “la base de cotización”, en vez de recargarse sobre la idea de mayores subsidios públicos. Dicho de otra manera, los BEPs son “segundo mejor” frente al óptimo de buscar directamente la mayor formalización laboral referida a los días en que el trabajador esta efectivamente activo en sus actividades rurales.

 

Para que el esquema nazca más aliviado de obligaciones patronales, Anif es de la opinión que debe obviarse la obligatoriedad de afiliación a las Cofamiliares. Además, es obvio que la Ley luce vaga en materia de los servicios sociales que se ofrecerían a esa población rural.

 

En síntesis, el Proyecto de Ley 123 de 2017 va en la dirección correcta de flexibilizar la contratación rural formal a través de crear el Jornal Diario Integral Rural. Este tipo de medidas deberían ayudar a combatir la elevada informalidad rural, que hoy raya en el 90% (ver gráfico adjunto). La esperanza de bienestar rural laboral debe fincarse no en la quimera de un eventual ahorro a través de BEPs, sino precisamente en habilitar cotizaciones que puedan ser inferiores a 1SML, dado que la actividad rural no es continua, como seguramente ya lo debió entender la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP-MCHP).

 

 

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