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Lunes, Diciembre 3, 2018 - 10:00
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Comentario Económico del día

Hemos venido ilustrando cómo en materia fiscal, Colombia enfrenta una verdadera “tragedia de los comunes”: mientras los estudiantes están en paro, el sector de la salud y los territorios reclaman más gasto público; el Congreso se opone a la extensión del gravamen del IVA. Y, además, numerosos empresarios reclaman reducciones adicionales en la tasa corporativa del 33% hacia el 30% y la preservación de abundantes “perforaciones” al sistema tributario general (ver Comentario Económico del Día 29 de noviembre de 2018).

 

Tras varias sesiones de “palos de ciego” por parte del Ejecutivo y del Legislativo, se radicó el pasado 29 de noviembre el Proyecto de Ley de Financiamiento No. 240-Cámara y 197-Senado (el cual llamaremos Plan B). Para que ese Plan B tributario fuera realmente exitoso, debería estar incrementando de forma permanente la relación Recaudo Tributario / PIB en no menos de 1pp durante el período 2019-2022. 

 

De lo contrario, resultaría imposible honrar el compromiso con una Regla Fiscal ya bastante debilitada que atina a reducir el déficit del Gobierno Central del actual 3.1% del PIB en 2018 hacia el 1.4% en 2022. La alternativa subrepticia que se ha esbozado consiste en continuar recortando el gasto público, lo cual conduciría a exacerbar el actual “polvorín social” y/o a dejar en el hueso la verdadera inversión pública, que hoy tan solo alcanza 1.1% del PIB.

 

El cuadro adjunto evalúa cómo ha evolucionado el planteamiento original de la Ley hacia este Plan B. Tal como allí se observa, el gobierno originalmente estimaba que el recaudo se incrementaría en 0.6% del PIB en 2020, pero que este decaería a solo ganancias del 0.2% del PIB en 2022 por cuenta del drenaje en el recaudo empresarial (-1.2% del PIB), el cual no lograba ser compensado por los esperados incrementos del gravamen del IVA a gran parte de la canasta básica (pero a tasas de solo el 17% para ese entonces). 

Sin embargo, estos cálculos del gobierno eran optimistas, pues Anif concluía que el recaudo no se incrementaría en 2020 y, de hecho, caería en -0.6% del PIB hacia 2022. Por esta razón, Anif calificó el planteamiento original del gobierno como una “Ley de Desfinanciamiento” durante el período 2019-2022, y advertíamos entonces sobre una alta probabilidad de que Colombia perdiera un escalón en su calificación crediticia antes del año 2020 y, seguramente, su “grado de inversión” hacia 2021.

 

Con el Plan B radicado, cabe preguntarse si Colombia estaría evitando estos altos riesgos de degradación en su calificación. En el mismo cuadro hemos calculado que, infortunadamente, esos riesgos continúan. Para 2020, el recaudo ahora estaría cayendo en -0.3% del PIB (frente al escenario de cero ganancia anterior) básicamente por el hecho de que se ha perdido el componente de ganancias en IVA, pero en el agregado permanece el drenaje del menor recaudo empresarial, al descender la tasa de Imporrenta del 33% hacia el 30% y al cúmulo de descuentos (ICA, 4x1.000 y devoluciones de IVA de la inversión importada). Resulta igualmente grave que el recaudo continúe cayendo en -0.5% del PIB hacia el año 2022, donde el mayor recaudo en cabeza de los hogares (incluyendo el Impo-patrimonio) no alcanza a compensar el hueco que se abre a nivel del recaudo empresarial.

 

En síntesis, continuamos siendo de la opinión que el planteamiento original erraba al no mirar el “bosque del recaudo” ni evaluar las necesidades de incrementarlo y, hundida la propuesta del IVA, pues se tiene el efecto agravado, cayendo el recaudo en -0.3% del PIB en 2020 y en -0.5% del PIB en 2022, cuando lo que se requería era asegurar un incremento de al menos +1% del PIB sobre el horizonte 2019-2022.

 

En resumen, se requiere que “el establecimiento” colombiano logre un mejor entendimiento entre las fuentes adicionales de los impuestos, de una parte, y las mayores presiones de gasto provenientes de la seguridad social y de los territorios, de otra parte. Esto es lo que le conviene al país en su conjunto, a la credibilidad fiscal y a la continuidad misma de un Estado promercado. De lo contrario, no nos lamentemos sobre el giro que todo esto podría tomar a la vuelta del año 2022.

 

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