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Coyuntura Pyme

Al cierre de 2016, el Banco Mundial lanzó su más reciente informe sobre facilidad para hacer negocios, conocido como Doing Business. En dicho informe, Colombia mostró mejoras marginales, ubicándose en el puesto 53 (vs. el 54 un año atrás) entre 190 países del ranking mundial. Al margen de lo anterior, el país ha ganado posicionamiento en América Latina, dado el mal comportamiento de la región, pues ahora superamos en competitividad a Perú (54) y Chile (57), aunque seguimos rezagados frente a México (47), ver cuadro adjunto.

 

 

Para determinar las posiciones dentro del ranking del informe, el Banco Mundial examina las áreas de: i) apertura de empresas; ii) manejo de permisos de construcción; iii) acceso a electricidad; iv) registro de propiedades; v) obtención de crédito; vi) protección al inversionista; vii) pago de impuestos; viii) comercio transfronterizo; ix) cumplimiento de contratos; y x) resolución de insolvencia. Veamos el desempeño de Colombia en estos frentes con algún detalle.

 

El ligero ascenso del país en el ranking mundial de competitividad se explica porque el país mejoró en 5 de las 10 áreas regulatorias evaluadas, a saber: i) apertura de empresas (llegando al puesto 61 vs. 84 de un año atrás); ii) manejo de permisos de construcción (34 vs. 38 de un año atrás); iii) registro de propiedad (53 vs. 54); iv) protección al inversionista (13 vs. 14); y v) cumplimiento de contratos (174 vs. 180). No obstante, hubo 4 áreas que presentaron una reducción de la competitividad: i) obtención de electricidad (74 vs. 69); ii) pago de impuestos (139 vs. 136); iii) comercio transfronterizo (121 vs. 110); y iv) resolución de insolvencia (33 vs. 30). Por su parte, el aspecto referido a la obtención de crédito permaneció inalterado.

 

La mejora más pronunciada de Colombia se observó en el área de apertura de empresas. En este caso, el país pasó del puesto 84 en la medición de 2016 al 61 en la de 2017. Este ascenso podría estar asociado al menor número de procedimientos necesarios para crear una empresa a nivel local en comparación con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (AP). Nótese que en Colombia se requieren 6 procedimientos a este respecto (vs. 8 un año atrás), mientras que en Chile son necesarios 7 y en Perú se requieren 6.

 

La segunda área en la cual el país mostró mejoras de consideración fue en el cumplimiento de contratos. Aquí Colombia se ubicó en el puesto 174, mejorando 6 puestos frente a lo observado un año atrás. Esto se explica por la reducción del -0.5% en los costos requeridos para completar procedimientos oficiales tendientes al cumplimiento de contratos. No obstante, dicha mejora es poco alentadora al comparar la posición relativa de Colombia (174) con el resto de la región, pues Perú ocupa el puesto 63, Chile el 56 y México el 40.

 

En las áreas de manejo de permisos de construcción (puesto 34 en 2017 vs. 38 en 2016), protección al inversionista (13 en 2017 vs. 14 en 2016) y registro de propiedades (53 vs. 54), las mejoras que se presentaron fueron marginales. Entre tanto, el rubro de obtención de crédito (puesto 2) se mantuvo en la misma posición durante el último año.

 

Pese a lo anterior, se evidenciaron caídas significativas en 4 áreas, donde en 2 de ellas el país tradicionalmente no ha tenido un buen desempeño. La caída más pronunciada de Colombia se observó en el comercio transfronterizo, pasando del puesto 110 al 121. Al respecto, se observa un marcado rezago local frente a nuestros pares de la AP (México ocupa el puesto 61, Chile el 65 y Perú el 86). Lo anterior se explica por los altos costos y los retrasos de las exportaciones. Por ejemplo, mientras que en Colombia el costo de exportación (cumpliendo con la legislación transfronteriza) equivale a US$545/contenedor, en México es de US$400/contenedor. Asimismo, el tiempo para exportar en el país es de 112 horas, mientras que en México lo hacen en tan solo 20.4 horas.

 

El segundo aspecto en el cual el país mostró una desmejora fue en el acceso a electricidad. Aquí, Colombia se ubicó en el puesto 74, descendiendo 5 posiciones frente a lo observado un año atrás. Esto obedece a la duración de los trámites necesarios para obtener electricidad y los altos costos. En efecto, mientras que en Colombia la duración de los procedimientos para obtener electricidad toma alrededor de 109 días, el promedio de América Latina y El Caribe es de 66 días. Asimismo, en Colombia los costos de la energía eléctrica son muy altos (US¢8.7/Kwh vs. US¢6-7/Kwh de Brasil-Argentina-Perú).

 

Por otra parte, en el área referida al pago de impuestos se observó una desmejora de 3 puestos en la última medición, llegando a la posición 139. Ello obedece a las altas tasas impositivas a nivel empresarial (aunque estas se redujeron en la reciente Reforma Tributaria, Ley 1819 de 2016), así como a la elevada informalidad y evasión tributaria que enfrenta el país. Esto último se explica principalmente por el gran tamaño de la economía subterránea local, cercano al 40% del PIB (= 33.5% informal + 6.3% ilegal), cifra superior al 19% del PIB observada en Chile (= 18.5% informal + 0.2% ilegal), ver Informe Semanal No. 1365 de mayo de 2017.

 

Finalmente, en la resolución de insolvencia, el país ocupó el puesto 33 (vs. 30 un año atrás). Pese a esta desmejora, Colombia se ubica en una mejor posición frente a Perú (puesto 79), pero levemente peor que México (30).

 

En síntesis, el informe Doing Business 2017 mostró que el país avanzó marginalmente en su posición en el ranking de facilidad para hacer negocios, escalando del lugar 54 en 2016 al 53 (de un total  de 190 países). Ello obedeció a resultados mixtos, pues en 4 áreas de las 10 examinadas se observaron desmejoras, mientras que en 5 se evidenciaron ascensos. Dentro de los aspectos donde se registraron desmejoras sobresalen el pago de impuestos, la obtención de electricidad y el comercio transfronterizo, mostrando un rezago preocupante frente a nuestros pares de la AP. Es en estos campos, junto con el referido al cumplimiento de contratos (pese a sus mejoras recientes), donde se deben focalizar los esfuerzos en materia de política pública local durante los próximos años. Ello contribuiría a reducir el llamado Costo Colombia, favoreciendo el desarrollo empresarial (especialmente en el segmento Mipyme), incrementando la competitividad de nuestro aparato productivo a nivel internacional.

 

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