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Lunes, Julio 16, 2018 - 21:30
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Informe Semanal

Claramente, uno de los grandes logros de la Administración Santos I-II fue la reducción de los índices de pobreza e indigencia durante 2010-2018, acercándose a las metas trazadas en sus Planes de Desarrollo (ver Informe Semanal No. 1389 de noviembre de 2017). Los datos más recientes señalan un descenso de la pobreza monetaria-absoluta de niveles del 37.2% al 26.9% de la población durante el período 2010-2017, lo cual implica una reducción de -1.5 puntos porcentuales (pp)/año. A pesar de estos grandes logros, en Colombia todavía tenemos casi 13 millones de ciudadanos cuyos ingresos se ubican por debajo de un millón de pesos/mes (equivalente a 1.3SMLs), con los cuales deben sobrevivir familias compuestas por dos adultos y dos niños.

También se registraron avances importantes en la reducción de los llamados “niveles de indigencia” o pobreza extrema, la cual pasó de cifras del 12.3% al 7.4% de la población durante 2010-2017, lo cual implicó una disminución de -0.7pp/año. Nuevamente, a pesar de este notable avance, todavía tenemos 3.5 millones de colombianos que tan solo reciben ingresos para reponer su desgaste físico, pues sus ingresos familiares tan solo llegan a $465.320/mes (0.6SML) para atender a cuatro personas.

Infortunadamente, el grueso de estos favorables resultados sociales no provino de cambios estructurales hacia una mejor aplicación de los recursos públicos en la lucha contra la pobreza. Ello tuvo más que ver con el auge minero-energético del período 2010-2015, el cual permitió expansiones del PIB-real a ritmos del 4.5% anual y con reducciones del desempleo del 11% hacia el 8.9%, en momentos en que afortunadamente la inflación se mantuvo controlada en el rango 2%-4% anual. Cabe aplaudir, en todo caso, la resiliencia que ha mostrado la economía colombiana durante el duro período 2016-2018, donde el deterioro macroeconómico resultante de crecimientos económicos inferiores al 3% anual y el escalamiento del desempleo hacia el 9.6% (promedio anual) aún no han reversado lo ganado en la lucha contra la pobreza.

De allí la urgencia de que la nueva Administración Duque (2018-2022) entre rápidamente a implementar los correctivos que han resultado del buen diagnóstico del DNP sobre la mejor forma de focalizar los escasos subsidios públicos en la lucha contra la pobreza. Esto es fundamental en los programas de Familias en Acción y Colombia Mayor (ver Informe Semanal No. 1378 de agosto de 2017). Sus resultados dependerán de tres factores fundamentales: i) la aceleración que se logre en el crecimiento del PIB-real hacia la franja 3%-3.5% durante 2018-2020; ii) la reforma laboral que debe flexibilizar el mercado laboral, especialmente el de los jóvenes (ver Informe Semanal No. 1418 de julio del 2018); y iii) la forma en que se encaren las serias limitaciones presupuestales, donde la inversión productiva se ha venido recortando del 1.8% del PIB histórico a cerca del 1% del PIB, al tiempo que Familias en Acción tan solo dispone de un 0.1% del PIB (vs. el 0.5% del PIB del promedio regional). Nótese cómo esto último tendería a agravarse por cuenta de la meta de recorte del gasto público trazada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018, donde dicho gasto descendería hacia el 18% del PIB durante 2018-2022 (vs. el 19% de PIB en 2017), ver Comentario Económico del Día 5 de julio de 2018.

Ahora bien, estos progresos en la lucha contra la pobreza-indigencia se ven desdibujados al constatar que la concentración del ingreso, aunque ha disminuido en la última década, todavía se mantiene por encima del promedio de América Latina. En efecto, el coeficiente de Gini se ubicó en 0.51 en 2017 (vs. 0.56 en 2010), nivel superior al 0.48 observado en la región.

Mas allá de los efectos de las políticas educativas hacia el mediano plazo, lo urgente es corregir las serias desigualdades resultantes del perverso efecto regresivo de los subsidios pensionales (tipo “Hood Robin”) a través de una Reforma Estructural Pensional, cuyos detalles hemos venido divulgando a través de: http://anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-libro_reforma_pensional.pdf . También existe algún campo para acentuar las políticas de progre­sividad tributaria de la Ley 1819 de 2016 (reforzando lo logrado con el IMAN de la Ley 1607 de 2012), ver http://anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-reftributaria0618.pdf .

 

Evolución de la pobreza absoluta

 

La línea de pobreza monetaria está definida como el costo mínimo de una canasta básica de bienes, tanto alimentarios como no alimentarios. Para 2017, dicha línea fue establecida en $250.620/persona/mes y el porcentaje de colombianos que recibieron un ingreso inferior a esta fue del 26.9%, después de haberse situado en el 28% en 2016 (ver gráfico 1). Esto significó una disminución de -1.1pp, ganancia inferior al promedio de -1.5pp/año observado durante 2010-2016.

En términos absolutos, lo anterior implicó la salida de la pobreza de 385.000 personas durante el último año, cifra inferior al promedio de 532.000 del período 2010-2016. Estos menores avances se explican por la desaceleración estructural de la economía colombiana (según lo comentado arriba), donde el fin del auge minero-energético ha implicado una pérdida del crecimiento potencial hacia niveles de solo un 3% durante 2015-2020 (vs. el 4.5% histórico). Mas aun, durante 2016-2017, el crecimiento del PIB-real solo llegó al 2% anual, lo cual terminó elevando la tasa de desempleo hacia el 9.4% (vs. 8.9% en 2015). Sumado a ello, la inflación desbordó el techo del rango-meta de largo plazo del Banco de la República (2%-4%) durante 2015-2017, dadas las presiones del pass-through cambiario y la presencia del Fenómeno de El Niño.

Ahora bien, al ahondar sobre dichas cifras de pobreza a nivel regional, se observan reducciones importantes en ciudades como Cartagena (27% en 2017, -2.1pp vs. el promedio nacional de -1.1pp) y Barranquilla (20%, -1.7pp). Ello gracias al impulso de las actividades de refinación y la cadena petroquímica en dichas ciudades ante la reapertura de Reficar a finales de 2015. Por el contrario, preocupan los aumentos registrados en Cúcuta (33.5% en 2017, +0.1pp), Bogotá (12.4%, +0.8pp) y Bucaramanga (12%, +1.4pp), empezando a sentirse el efecto de la masiva inmigración de venezolanos hacia Colombia.

 

Evolución de la indigencia

 

En 2017, la línea de indigencia fue trazada en $116.330/persona/mes, definiendo así el umbral del costo mínimo per cápita mensual para adquirir tan solo una canasta de bienes alimentarios que permita la supervivencia. Al igual que en el caso de la pobreza absoluta, la indigencia mostró una reducción hacia el 7.4% de la población en 2017 frente al 8.5% de 2016 (ver gráfico 2). Ello representa una disminución de -1.1pp anuales, lo cual implica una ganancia superior al promedio de -0.7pp/año observado durante 2010-2016. Esto último se explica en gran parte por la reversión en 2016, donde la debilidad económica llevó a la indigencia a repuntar incluso por encima de lo observado en 2014-2015.

 

 

A nivel regional, se destacan las reducciones en pobreza extrema en la ciudad de Cartagena (4.1% en 2017, -1.4pp vs. la media nacional de -1.1pp), aunque continúa registrando uno de los niveles más elevados en el país. Curiosamente, se observó un descenso en Cúcuta (5.3%, -1.7pp), a pesar del agravamiento de la crisis de Venezuela y su negativo impacto fronterizo. Preocupan las brechas regionales, lo cual muestra la importancia de evaluar a fondo la eficiencia de las transferencias territoriales. También debe analizarse la persistente brecha entre la zona urbana (con un nivel de indigencia del 5% en 2017) y la rural (15.4%), aunque algo se ha avanzado.

 

Desigualdad de ingresos

 

Como ya lo comentamos, pese a los resultados satisfactorios en materia de reducción de pobreza absoluta e indigencia, se observan pocos avances en el frente de la desigualdad de ingresos. En efecto, la concentración del ingreso se mantiene en niveles muy elevados, donde el coeficiente de Gini tan solo ha logrado reducirse hacia 0.51 en 2017 (vs. 0.56 en 2010), siendo este uno de los peores registros de América Latina.

Ello con el agravante de que la política fiscal en Colombia (tanto en lo tributario como por el lado del gasto) mantiene prácticamente inalterada dicha desigualdad, en contravía de lo que ocurre en los países desarrollados. En efecto, Colombia es uno de los pocos países donde las transferencias públicas de las pensiones tienden a aumentar la desigualdad medida en términos de Gini (+0.01), anulando las ganancias provenientes de las otras transferencias monetarias. De allí la urgencia de la Reforma Estructural Pensional (arriba señalada).

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿qué ocurriría con la medición del Gini si se ajustara por las recientes ganancias en pobreza absoluta y por mejoras en la movilidad social de los estratos más bajos? Para responder a esta pregunta, Anif ha estimado un “Gini ponderado” para Colombia basado en: i) la distribución de los ingresos salariales de acuerdo con el PILA, donde es bien sabido que el salario medio del sector formal ha ido convergiendo hacia un salario medio de 1.4SML; y ii) la matriz de transición, la cual indica la probabilidad de trasladarse de un quintil a otro (ver Angulo et al., 2012). El cuadro 1 ilustra cómo la probabilidad de ascender desde el nivel inferior (quintiles 1-2) hasta el superior (quintil 5) es tan solo del 6% en Colombia, mientras que la probabilidad de mantenerse en el mismo nivel es tan alta como un 61%.

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, hemos calculado un Gini-ajustado para Colombia, asignándole ponderaciones diferenciadas (positivas en los ascensos y negativas en los descensos) a los individuos que logran trasladarse entre quintiles. De esa manera, le asignaremos una doble ponderación “por logro en el ascensor social” a aquellas personas cuyos padres se ubicaban en el nivel inferior (quintiles 1-2) y logran ascender al nivel medio (quintiles 3-4). En el caso de un “súper logro en el ascensor social”, pasando de quintiles 1-2 al quintil 5, asignaremos una ponderación triple.

Así, el gráfico 3 muestra cómo el Gini de Colombia lograría descender del actual 0.51 a 0.47 gracias a esos logros diferenciados de ascenso social. Si ello ocurriera, Colombia se acercaría al promedio de 0.48 de América Latina, aunque todavía estaríamos muy lejos del 0.32 que se observa en la OCDE.

 

 

Conclusiones

 

Durante las últimas décadas, los organismos internacionales y la banca multilateral han venido impulsando programas de erradicación de pobreza, consolidándose como el principal objetivo de desarrollo sostenible para 2030 (ver Naciones Unidas, 2015). Colombia no ha sido la excepción, logrando importantes avances en la lucha contra la pobreza-indigencia durante los últimos años. Sin embargo, el ciclo macroeconómico bajista de 2015-2020 pone en riesgo la sostenibilidad de dichos avances, tal como lo muestran los resultados más recientes (arriba discutidos).

Allí será clave encaminarnos hacia crecimientos al menos cercanos al nuevo potencial del 3%, lo cual dependerá de que los mejores precios del petróleo se transmitan al resto de la economía y de la agilización que se logre en el impulso de las obras 4G. En paralelo, será necesario trabajar en la promoción de la agro-industria, reduciendo el conocido Costo Colombia.

Adicionalmente, se deberá trabajar en: i) mejorar la focalización de los programas sociales en Colombia, especialmente en momentos de afugias fiscales del Gobierno Central, donde haber detectado la problemática del Sisbén por parte del DNP es un primer paso, pero ahora debe acelerarse la cura de las anomalías encontradas por la vía de la depuración de datos y el diseño de un “estatuto orgánico de subsidios”; y ii) implementar una verdadera Reforma Estructural Laboral, donde será clave flexibilizar el mercado laboral, reduciendo los costos no salariales (actualmente del 50%), y crear alternativas profesionales en la se­cundaria para que los estudiantes puedan escoger en­tre el bachillerato clásico y una opción vocacional. En este último caso será fundamental evaluar la calidad y pertinencia de dichos programas vocacionales. Sin buena calidad educativa, tampoco será posible incrementar la productividad y el PIB-potencial de Colombia, bases para continuar reduciendo la pobreza absoluta. Tal como pronto lo experimentará la entrante Administración Duque, los desafíos sociales y económicos son múltiples y urgentes. Les deseamos muy buena suerte en estos cometidos, donde mucho dependerá de las tempranas reformas que se logren en lo laboral, lo pensional y lo tributario (ver Informe Semanal No. 1417 de junio de 2018).

 

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