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Lunes, Agosto 6, 2018 - 10:30
Publicación: 
Informe Semanal

Habíamos comentado recientemente que la Administración Duque del período 2018-2022 tendrá a su favor el amplio margen de gobernabilidad que se deriva de contar con mayorías que superan las dos terceras partes del Congreso. Esto bajo el supuesto de que se conformara la llamada “Alianza Nacional”, como suele ocurrir en los inicios de cada gobierno (ver Informe Semanal No. 1417 de junio de 2018).

 

En ese mismo reporte argumentamos que el gobierno entrante tendrá una “corta luna de miel” y deberá escoger muy bien sus prioridades en la agenda de reformas estructurales, si es que quiere evitar una posible degradación en su calificación de riesgo. Como es sabido, S&P ya dejó a Colombia con simple Grado de Inversión, mientras que Moody’s nos tiene en “perspectiva negativa” y podría moverse en esa misma dirección de recortarnos uno de los dos escalones que nos mantienen por encima de ese grado. De ocurrir, seguramente Fitch, actualmente en “perspectiva estable”, se moverá en la dirección de degradación.

 

De allí la importancia de focalizarnos en la agenda de reformas que deberá emprender a profundidad la nueva Administración Duque durante 2018-2022. Para aportar en la priorización de sus componentes, hemos recurrido a plantear el tema en términos de la llamada relación Beta = Retorno social-fiscal de las reformas/Riesgo político de su adopción, tal como lo habíamos hecho para las Administraciones Santos I-II (ver Informe Semanal No. 1304 de febrero de 2016).

 

El ranking de prioridades de reformas estructurales da los siguientes resultados: tributaria, salarial, judicial y pensional. Con razón, varios analistas nos han pedido que hagamos explícitos los criterios económicos que están detrás de esos esperados retornos y también los criterios de riesgo político, para así entender de mejor manera el balance de ese Beta = Retorno económico/Riesgo político. En esta nota nos centraremos entonces en explicar dichos criterios de Retorno/Riesgo, los cuales son difícilmente cuantificables. Sin embargo, explicaremos nuestro raciocinio a este respecto.

 

Reforma Tributaria

 

El diagrama 1 ilustra la forma en que hemos rankeado dichas prioridades y posibles retornos en esa relación Beta = Retorno/Riesgo. La reforma de mayor retorno beta que Anif ve para el período 2018-2022 es la relacionada con la tributaria, dado que obtiene un beta = 1.3 = 4 Retorno/3 Riesgo.

 

 

Edificando sobre los logros de la Ley 1819 de 2016, en nuestra opinión, esta reforma debe concentrarse en elevar el recaudo a través de: i) eliminar los contratos de estabilidad tributaria; ii) abolir la tributación preferencial a las zonas francas, las cuales exportan menos del 10% de lo que por allí pasa; iii) incrementar la tributación de las personas naturales; y iv) acabar con los tratamientos “especiales” en materia de IVA, como el recientemente otorgado al material de concreto que ha debido elevarse del cero al 19%, pero al cual se le extendieron exenciones para los contratos de concesión aprobados al cierre de 2016 (ver Informe Semanal No. 1398 de febrero de 2018). Los detalles sobre las propuestas de reforma a nivel de impuestos directos sobre las empresas y los hogares, así como los impuestos indirectos del IVA, se pueden consultar en http://anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-reftributaria0618.pdf.

 

En el cuadro 1 ilustramos, en doble columna, los “pros” que cabría esperar de ese tipo de reforma tributaria y también los posibles “contras” de riesgo político que se enfrentarían en el Congreso. En el plano favorable para aprobar este tipo de propuesta cabe destacar: i) la expectativa que se ha creado de abaratamiento del Costo Colombia a través de reducir la tasa corporativa al 33%; pero, complementario a ello, ii) deben reducirse las exenciones tributarias (según lo arriba detallado); y iii) el beneficio que ello traería en materia de lograr mayor generación de empleo.

 

 

Ahora bien, en el frente de los riesgos políticos, dicho cuadro resume los posibles inconvenientes en este frente. Por ejemplo, durante la campaña Duque (y también en la de Vargas Lleras) se había planteado inclusive la conveniencia de reducir la tasa corporativa hasta un 30% en 2019, pero claramente ello luce inconveniente desde el punto de vista de “exceso de sacrificio tributario”. Además, se ha mencionado que ello luce algo regresivo si se piensa que esa reducción se estaría compensando con incrementos en posiciones del IVA al 19% o bajo el escenario en que esa mayor competitividad para las empresas no se viera beneficiada con una generación importante de puestos de trabajo adicionales.

 

Reforma Laboral

 

La reforma laboral aparece con un beta = 1 = 4 Retorno/
4 Riesgo, siendo el segundo en el ranking. Colombia ha venido avanzando en materia de formalización laboral, donde cabe destacar un marco regulatorio algo más flexible, a saber: i) Ley 1429 de 2010, que reglamentó el subsidio en parafiscales laborales para Pymes; ii) Ley 1607 de 2012, que desmontó 13.5 puntos porcentuales de costos no salariales; y iii) Decreto 2616 de 2013, que habilitó las cotizaciones a seguridad social por semanas. Sin embargo, los indicadores oficiales de informalidad laboral todavía bordean el 50% y, al referirnos a la densidad de las cotizaciones, se tiene que tan solo un 15% de la Población Económicamente Activa contribuye todos los meses a la seguridad social.

 

Por eso, ahora se requieren cambios regulatorios para acelerar dicha formalización laboral y, en particular, lograr incrementar la vinculación de cotizantes a la seguridad social. Nuestra propuesta de una Reforma Estructural Laboral (REL) propende por: i) establecer un mecanismo de protección al cesante, limitando el monto del retiro de las cesantías en función del salario y el valor acumulado, de manera que funcionen como un verdadero seguro de desempleo, y cuyos desembolsos sean mensuales, para evitar desahorros innecesarios en casos de rápido reenganche; ii) aplicar topes a los costos de despido, replicando lo implementado en la Reforma Laboral de España de 2012; iii) atar el ajuste del Salario Mínimo Legal (SML) a la Regla Universal de manera que los incrementos reales no superen las ganancias en productividad laboral, complementando el Decreto 36 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que castiga presupuestalmente tales desvíos; iv) implementar un SML diferencial para los jóvenes menores de 25 años en período de aprendizaje (equivalente al 75% de 1SML); v) instaurar un sistema de escrutinio de las incapacidades médicas para contener la falsificación de incapacidades; y vi) crear alternativas profesionales en la secundaria para promover la opción vocacional-técnica.

 

El cuadro 2 ilustra los puntos a favor de este tipo de REL, a saber: i) se generarían unos 300.000 puestos de trabajo formales/año; y ii) cerca de unos 175.000 nuevos empleos/año. No obstante, es bien sabido que el Congreso ha sido reticente a aceptar este tipo de argumentos, siempre cuestionando lo efectivamente ganado y, más aún, reversando la reducción en costos que se había logrado en materia de menores sobrecargos en nocturno/dominicales con la Ley 1846 de 2017. Además, en el Congreso existe un amplio lobby a favor de las Cofamiliares.

 

 

Reforma Rama Judicial

 

Esta reforma arroja un beta = 0.75 = 3 Retorno/4 Riesgo, figurando en tercera posición respecto de la prioridades. Recordemos que las reformas del sector justicia han sido recurrentes fracasos.

 

Por tal motivo, y con miras al Plan Decenal de Justicia 2017-2027, se ha venido discutiendo nuevamente la urgencia de realizar una gran reforma a la justicia. Los elementos centrales estarían enfocados en: i) modernización operativa de la justicia, asegurándose de dotarla de infraestructura que le permita levantar y procesar los casos de forma eficiente (electrónica y con seguimiento en tiempo real); ii) adopción de tratamientos de choques operativos que permitan descongestionar rápidamente el aparato judicial; iii) definición de una última instancia; iv) limitación del uso de la tutela; y v) adopción de un mecanismo de selección de los Altos Magistrados de las Cortes que repliquen el éxito logrado en el Banco de la República, donde en veinticinco años no ha ocurrido un solo escándalo de corrupción y donde se ha logrado controlar la inflación a niveles de un dígito frente a la persistencia del 20%-30% anual del siglo anterior.

 

El cuadro 3 ilustra los principales argumentos de beneficio que traería ese tipo de reforma judicial, tales como: i) mejor ordenamiento institucional en múltiples frentes; y ii) evitar que se continúe con el conocido “choque de trenes” de la Rama Judicial. Las dificultades estriban en creer que: i) con ello se acabaría la tutela, cuando se trata simplemente de organizar su operatividad; y ii) que cualquier reforma es para acabar con “la independencia de la Rama”.

 

 

Reforma Estructural Pensional (REP)

 

Esta REP figura con un beta = 0.6 = 3 Retorno/
5 Riesgo, en cuarto lugar debido a que sus retornos son más bien tardíos y sus riesgos políticos elevados. Nuestra propuesta va en sentido similar a la de la Comisión de Gasto Público (2017): i) realizar ajustes paramétricos al Régimen de Prima Media de Colpensiones, elevando la edad de pensión y atándola a la esperanza de vida (cuya longevidad se ha incrementado en cerca de ocho años, mientras que la edad de pensión se elevó tan solo dos años, a 57/62 Mujer/Hombre); ii) fortalecer la atención a los adultos mayores desvalidos de pensión (70% de esa población) a través de mayores asignaciones presupuestales al programa Colombia Mayor; y iii) gravar las pensiones altas. En este último frente, Anif ha propuesto aplicar el esquema impositivo de renta, descontando de entrada el 12% destinado al pago de la salud. Ello implica que solo pensiones superiores a unos $6 millones/mes serían gravadas con tasas del 1%-3% y ascenderían hasta un 9% para pensiones tope de $13 millones/mes, equivalentes a cotizaciones por 25SML. Mayores detalles en http://anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-libro_reforma_pensional.pdf.

 

Por último, en el cuadro 4 se presentan los beneficios de este tipo de reforma, tales como: i) dar soporte a la sostenibilidad fiscal; y ii) reducir la marcada regresividad social que hoy emana de un sistema de reparto simple como el vigente. También sabemos que se tienen serios reparos a la idea de ajustes paramétricos que eleven la edad de pensión y reduzcan la tasa de beneficios pensionales. Sin embargo, de no actuarse a tiempo, Colombia estará transitando por caminos fiscales muy difíciles, tal como hoy ocurre en Brasil o en Italia.

 

 

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