Uno de los puntos que destacan de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND) es el de dar mayor participación a los entes territoriales en la organización, gestión y puesta en marcha de proyectos de inversión social. En ese sentido, en el apartado de convergencia regional, se menciona la importancia del fortalecimiento de las entidades públicas territoriales, con especial énfasis en el apoyo a la gestión de los órganos descentralizados, el uso de datos para la toma de decisiones, la capacitación para mejorar su funcionamiento y la optimización de las fuentes de ingresos. En ese último frente, vale la pena mencionar que la diversificación de las fuentes de financiamiento de los departamentos constituye una enorme oportunidad para apalancar sus programas sociales y económicos. Avanzar en este sentido es esencial para que los órganos territoriales puedan consolidar su autonomía frente a las transferencias del gobierno central y tener un mayor control sobre los proyectos que atañe el desarrollo de sus regiones.
La capacidad institucional del país es muy diversa a lo largo del territorio nacional. Si se analiza solo desde el punto de vista de los ingresos, hay departamentos que no han podido estandarizar fuentes de recaudo, tributario y no tributario, estables y casi que dependen por completo de las transferencias de la Nación. En esa misma línea, si se analiza la participación de los ingresos propios en inversión para los departamentos, hay territorios que no llegan a aportar ni el 1%. Esa situación redunda en una menor capacidad para invertir en sectores clave y en programas sociales específicos para las problemáticas de cada territorio. En línea con las bases del PND, y coherente con los esfuerzos que se han hecho desde hace varias décadas en términos de descentralización, no hay duda de que una política de fortalecimiento y profundización de las herramientas que puedan generar mayores ingresos para los departamentos es necesaria en el país. En este Comentario Económico del Día analizamos algunos indicadores de finanzas territoriales y señalamos un instrumento de recaudo que ya hoy existe y que tiene oportunidad de ampliarse.
