- La prevalencia de la inseguridad alimentaria de los hogares en 2025 disminuyó respecto a 2024 en 4,4 puntos porcentuales: 21,1% vs. 25,2%, respectivamente.
- Al diferenciar por departamentos, existen heterogeneidades importantes: Chocó (56,8%), Sucre (50,1%) y La Guajira (47,8%) concentran las mayores proporciones de hogares con baja seguridad alimentaria, mientras que Bogotá (9,6%), Caldas (9,2%) y San Andrés y Providencia (5,2%) presentan las menores proporciones.
- Hay una correlación evidente entre la inseguridad alimentaria y mayores tasas de informalidad laboral, lo que invita a repensar un mercado laboral incluyente donde se tenga en cuenta la realidad de más de la mitad de ocupados del país.
Una de las formas de cuantificar el bienestar es a través de la variedad, cantidad y calidad de los alimentos consumidos por los hogares. Precisamente, esta dimensión se evalúa a partir de la Escala FIES (Food Insecurity Experience Scale), propuesta por la Organización Mundial de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). En Colombia, la información es proporcionada por la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), en la cual se consultan, a nivel de hogar e individuo, las dificultades para el consumo de alimentos debido a la falta de dinero u otros recursos.
La cantidad y calidad de consumo depende, entre otras cosas, del nivel de ingreso. En ese sentido, el desempeño del mercado laboral es esencial para garantizar la seguridad alimentaria de los hogares. Por esa razón, la tasa de informalidad[1] (TI), es decir, la cantidad de ocupados que perciben ingresos típicamente por debajo del mínimo puede significar no solo desprotección a la vejez, como típicamente hemos señalado desde ANIF, sino también menor ingreso disponible y por tanto, aumento en el riesgo de caer en estado de pobreza o desprotección alimentaria.
Para 2025, a nivel nacional se observa una reducción en la proporción de hogares con inseguridad alimentaria frente a 2024: 21,1% vs. 25,5%, respectivamente. No obstante, esta mejora agrega diferencias departamentales importantes. En un extremo, Chocó (56,8%), Sucre (50,1%) y La Guajira (47,8%) concentran las mayores proporciones y registran a su vez algunas de las tasas de informalidad laboral más altas del país: 79,4%, 83,2% y 82,3%, respectivamente. En el otro extremo, Bogotá (9,6%), Caldas (9,2%) y San Andrés y Providencia (5,2%) presentan las menores proporciones, y el primero y tercero coinciden con tasas de informalidad notablemente más bajas: 33,5% y 25,3%, respectivamente — frente al 55,1% nacional (ver Gráfico). Así, mientras en algunos departamentos apenas 1 de cada 10 hogares enfrenta inseguridad alimentaria, en otros la proporción supera la mitad, lo que sugiere que la mejora nacional no se distribuye de forma homogénea y que las condiciones del mercado laboral podrían estar mediando estas brechas.
Extendiendo el diagnóstico, la relación entre informalidad laboral e inseguridad alimentaria resulta positiva y significativa: departamentos con mayor TI tienden a concentrar una mayor proporción de hogares con inseguridad alimentaria, con un coeficiente de correlación de 0,7 (ver Gráfico). Aunque este resultado no implica causalidad, es consistente con una hipótesis plausible: quien trabaja informalmente enfrenta ingresos más bajos e inestables, lo que reduce su capacidad para asegurar una alimentación adecuada y sostenida.
En definitiva, a pesar de la menor prevalencia de inseguridad alimentaria en 2025 en comparación con 2024, la nota agridulce recae en la existencia de divergencias departamentales y la mayor vulnerabilidad en territorios donde las ocupaciones son más precarias y de menores ingresos. De allí nuestra preocupación de procurar un mercado laboral dinámico que garantice no solo la protección a la vejez, sino que también amortice el consumo suficiente para los hogares.
[1] Informalidad laboral definida como la falta de cotización a pensión.
