Además del repunte cíclico del desempleo, la tensión del mercado laboral nos habla de complejas inflexibilidades estructurales. Es por ello que la Reforma Laboral que requiere el país debe atacar frontalmente dichas inflexibilidades mediante elementos como: i) continuar reduciendo los costos no salariales, en línea con lo logrado en la Ley 1607 de 2012 (eliminando el 4% de sobrecosto empresarial que representan las Cofamiliares); ii) eliminar los intereses de las cesantías (equivalentes al 1% del valor de la nómina), dado que sus inversiones en AFPs ya reconocen intereses reales que han venido promediando un 3% anual en 2005-2018; y iii) atar el ajuste del SML a la Regla Universal, de manera que los incrementos reales no superen las ganancias en Productividad Laboral. Preocupa, como bien lo señalaba el Dr. Carlos Caballero recientemente, la divergencia entre la gravedad de los problemas macroeconómicos y las soluciones posibles en los frentes de la política pública. En este frente laboral, Anif adicionaría el agravante de que dichas palancas públicas se están moviendo en la dirección errada de mayor encarecimiento del costo del trabajo (no solo con el aumento desbordado del SML sino con el apoyo del gobierno a las primas adicionales). Estos expedientes sociales evidentemente no han logrado calmar las marchas… La ironía es que en el mediano plazo esa menor flexibilidad laboral perjudicará a los propios estudiantes y las clases medias, agudizando el descontento social y las protestas.
